El Parlamento Europeo prohíbe la minería con cianuro
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El Parlamento Europeo prohíbe la minería con cianuro
“El uso de cianuro en minería crea poco empleo y solo por un periodo de entre ocho y dieciséis años, pero puede provocar enormes daños ecológicos”, dice la resolución. La minería a cielo abierto con cianuro estará prohibida en todos los países que integran la UE.
lunes, 17 de mayo de 2010
El Parlamento Europeo prohibió la minería a cielo abierto con cianuro en todos los países que integran la UE, cerrando las puertas a las mineras que no hayan superado la tecnología de lixiviación para la obtención de oro y plata.
En la resolución, el parlamento dice que “en los últimos 25 años se han registrado más de 30 accidentes importantes relacionados con el vertido de cianuro, en particular hace 10 años, cuando se vertieron más de 100 000 metros cúbicos de agua contaminada con cianuro desde el embalse de una mina de oro al sistema fluvial Tisza-Danubio, lo que causó el mayor desastre ecológico de esa época en la Europa Central”.
Además, asegura “que no existe ninguna garantía real de que no se vuelva a producir un accidente semejante, especialmente teniendo en cuenta el incremento de las condiciones metereológicas extremas, por ejemplo, fuertes y frecuentes precipitaciones, como se prevé en el Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático”.
Para el parlamento, la minería a cielo abierto con cianuro “está clasificado como uno de los principales contaminantes y puede tener un impacto catastrófico e irreversible en la salud humana y el medio ambiente y, por ende, en la diversidad biológica”.
Además, los eurodiputados advierten que las mineras dan trabajo “por tiempo limitado” y luego se retiran: “El uso de cianuro en minería crea poco empleo y solo por un periodo de entre ocho y dieciséis años, pero puede provocar enormes daños ecológicos transfronterizos que, por lo general, no son reparados por las empresas explotadoras responsables, que suelen desaparecer o declararse en quiebra, sino por el Estado correspondiente, es decir, por los contribuyentes”, afirma.
Así, el Parlamento pide a la Comisión “que ponga en marcha la prohibición completa del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europea antes de finales de 2011” ya que considera esta medida protectiva como “la única forma segura de proteger nuestros recursos hídricos y ecosistemas de la contaminación por cianuro procedente de las actividades mineras”
La medida se sustenta en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, así como en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado en junio de 1992 en Río de Janeiro, y en diversas Directivas adoptadas por el Parlamento Europeo durante la presente década
MENDOZA – CONTINÚA LA POLÉMICA POR LOS FONDOS MINEROS
Docentes universitarios repudiaron el accionar pro-minero del Consejo Directivo de la UNCu
En una decisión que traerá cola por tiempo, el Consejo Superior de la UNCu aceptó los fondos provenientes de la empresa Yacimientos Mineros de Agua del Dionisio (YMAD)- Bajo la Alumbrera. Docentes de la universidad denunciaron públicamente a las autoridades universitarias y repudiaron la decisión tomada y la judicialización de la protesta.
Días más tarde, mientras las asambleas por el agua mendocinas se movilizaban en la capital de Mendoza en defensa de la ley provincial 7722 que prohíbe la megaminería contaminante, el Consejo Superior volvió a reunirse y aprobó el inicio de acciones legales contra quienes protestaron durante el encuentro del 16 de diciembre.
Frente a esta situación y al ocultamiento del tema operado en los medios masivos de comunicación locales y nacionales, desde el gremio de docentes universitarios de Cuyo (DADIUNC), encabezado por la Secretaria Pro Gremial, Nora Moyano, y la Secretaria General, Cristina Romagnoli, denunciaron la decisión de la dirección de la Universidad, porque “fue disimulada por la votación de un dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento, que evadía el debate sobre la cuestión de fondo, al sostener que ‘no es competencia de la Universidad acepta o rechazar los fondos provenientes de las utilidades de YMAD ya que dependen de una ley nacional vigente’”.
Según denunciaron, se ocultó además que la votación se produjo “con la ausencia inexplicable de más de la mitad de los consejeros que habían comprometido un voto negativo a la propuesta del Rector, y con los votos a favor del decano y la consejera docente de una unidad académica cuyo consejo directivo se había expedido en contra de la aceptación de los fondos.”
Los denunciantes aseguraron que así, la UNCu se sumó al pelotón de universidades inscritas en el “modelo de clientelismo de empresa practicado por la minera”, ofreciendo a los jóvenes “un modelo de comportamiento completamente reñido con los valores de una ética democrática, republicana y humanista”.
Según el comunicado, la UNCu “desprestigia su papel como productora y difusora de conocimientos; da la espalda al clamor de diversos y crecientes sectores ciudadanos de Mendoza que exigen debatir seriamente las condiciones y consecuencias socio-ambientales de la megaminería a cielo abierto y bajo control de grandes corporaciones transnacionales; y desconoce toda la investigación producida y reunida sobre el particular que demuestra los efectos negativos de corto, mediano y largo plazo de ese modelo de minería sobre el ambiente, así como el saqueo incontrolado de la riqueza de nuestro subsuelo”, aseveraron.
En contraposición, los docentes destacaron la “rebelión ética” de las universidades de Córdoba, Río Cuarto y Luján y de más de veinte facultades de universidades nacionales en todo el país que rechazaron los fondos mineros.
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CASOS DE ACCIDENTES OCURRIDOS EN MINASDE ORO A CIELO ABIERTO. MINA PORGERA, PAPÚA, NUEVA GUINEA
INFORME INDEPENDIENTE SOBRE
Observar la vigencia de este artículo, han transcurrido casi 15 años a la fecha.
El Instituto de Política Minera (Mineral Policy Institute),
Dichos grupos alegan que la contaminación causada por la mina, la cual está manejada por tres empresas australianas, es peor que la contaminación provocada por la mina Ok Tedi.
Un informe independiente, elaborado por el Instituto de Política Minera, ha dado a conocer lo siguiente:
"La compañía minera contamina el entorno de 7.000 personas con altos niveles de metales pesados que son potencialmente tóxicos.
La salud y el bienestar de la comunidad local se ven amenazados por la contaminación y sus impactos sobre la vida silvestre, las granjas y el medio ribereño.
Algunos metales pesados alcanzan niveles que son 3.000 veces los límites legales de Papúa Nueva Guinea, pero se ocultan estos datos por una inadecuada fiscalización y suministro de información".
Este informe se basa en el trabajo de Philip Shearman, un asesor al Foro de Apoyo de Derechos Individuales y Comunitarios (Individual and Community Rights Advocacy Forum), y examina los impactos de la mina, propiedad conjunta de Placer Pacific, Renison Goldfields Consolidated, Highlands Gold (Mount Isa Mines) y del Gobierno de Papúa Nueva Guinea.
Los grupos manifestaron que las compañías mineras deben empezar de inmediato a construir un embalse de almacenamiento para los desechos mineros nocivos, a fin de evitar más daños al medio ambiente, incluso la contaminación de los ríos con altos niveles de mercurio, arsénico y otros metales pesados.
También hicieron un llamado para una indagación inmediata e independiente sobre las denuncias de muertes de aldeanos, que se dieron como resultado aparente de la ingestión de comestibles contaminados. La muerte de un aldeano, denunciado por un médico en el Hospital Sopas como resultado posible del envenenamiento con arsénico, provoca preocupaciones serias sobre la contaminación. Los grupos sostienen que el Gobierno australiano condona, o incluso activamente promueve, la contaminación del sistema fluvial al otorgar y suministrar seguros y préstamos.
Por otra parte, los grupos pidieron que el Gobierno realizara una indagación independiente y detallada sobre la operación de todos los proyectos mineros que son propiedad de, o manejados por, australianos en la región Asia/Pacífico, y la implementación de un código de conducta con fuerza legal para las compañías australianas que tienen operaciones en ultramar.
RESUMEN
PORGERA: UN LEGADO DE DESTRUCCIÓN
La mina de oro de Porgera en la provincia Enga de Papúa Nueva Guinea inició operaciones en 1990. En un corto período de cinco años, en la región aislada de Papúa Nueva Guinea, la mina ha provocado una enorme destrucción ambiental, así como una gran desarticulación social. La contaminación que se relaciona con la mina es peor que la contaminación de la mina de mala fama Ok Tedi.
El funcionamiento de la mina Porgera, de lo cual hasta ahora en gran parte no se ha rendido informe, recalca el pésimo récord ambiental, social, económico y de derechos humanos de las compañías mineras que son propiedad de australianos o que tienen su sede en este país. Se exige la atención inmediata del Gobierno australiano para fiscalizar las actividades de estas compañías y dejar de asegurar y subsidiar los proyectos que redundan en desastres económicos, sociales y ambientales para los propietarios locales y Papúa Nueva Guinea.
MATERIALES PELIGROSOS
La mina descarga desechos peligrosos que son potencialmente tóxicos, en cantidades muy superiores a los niveles permitidos por la ley australiana, o por la ley de Papúa Nueva Guinea.
Se han medido estas descargas en niveles que alcanzan hasta 3.000 veces los límites de Papúa Nueva Guinea. Los niveles de metales pesados cerca del lugar de descarga son tan altos que el área sería declarada un sitio contaminado en Austalia y probablemente causaría que el NHMRC hiciera un llamado para una investigación de los impactos sobre la salud humana. Estos niveles de contaminación normalmente solo se encontrarían en los sitios industriales más contaminados del mundo.
NIVELES DESCONTROLADOS DE MERCURIO
No hay restricciones legales sobre la cantidad de mercurio que Porgera descarga en el río Strickland, a pesar de un amplio reconocimiento de que éste es uno de los metales pesados más nocivos. Los niveles de mercurio por debajo del sitio minero son tan altos que por lo general solo se les encontraría debajo de una mina de mercurio.
Esta situación presenta un riesgo inaceptable a la salud humana, y no se permitiría ni en Australia ni en otros países desarrollados. Solamente ocurre porque la mina y el gobierno se han puesto de acuerdo en no poner límites a los niveles de contaminación de mercurio, ya que saben que la mina, como actualmente está, no podría cumplir con ninguno de los estándares que se consideran seguros para los seres humanos y los ecosistemas.
DESTRUCCIÓN DE LOS MEDIOS DE SUSBSISTENCIA DE LOS PROPIETARIOS
Los aldeanos creen que la contaminación de metales pesados y los altos niveles de sedimento destruyen los jardines ribereños y la población de peces, y tienen un impacto sobre otras especies, tales como los cocodrilos y las tortugas. Los niveles de sedimento parecen alcanzar niveles muy superiores a los niveles estimados por
Los jardines ribereños y los recursos alimenticios también están destruidos, debido a que han sido enterrados en el sedimento. Por otra parte, el sedimento provoca desbordamientos del río, y obstaculiza la reproducción de peces y cocodrilos al eliminar los pozos de agua limpia donde esta reproducción normalmente tiene lugar. Los aldeanos manifiestan que esto redunda en severos impactos en la disponibilidad de comestibles y artículos para el comercio, tales como pieles de cocodrilos. Además, el río pierde profundidad y la corriente fluye más rápido, lo que dificulta viajes por ello.
UNA ZONA DE
El Gobierno de Papúa Nueva Guinea ha permitido que los primeros
La contaminación continua del medio de la comunidad de Papúa Nueva Guinea, y la subsiguiente desarticulación social y el sufrimiento, son abusos de los derechos humanos. Hasta la fecha, estos abusos han sido condonados o aun promovidos por el Gobierno australiano, tanto de forma directa, por el otorgamiento de seguros y préstamos, como de forma indirecta, por mantenerse callado en cuanto a asuntos como Ok Tedi, Porgera y Lihir.
DENUNCIAS DE MUERTES Y PROBLEMAS DE SALUD
Ha habido denuncias difundidas de muertes a lo largo del río Strickland que los aldeanos relacionan con el consumo de animales. El administrador del distrito local informó de 133 muertes extrañas entre 1991 y 1993, sobre las cuales se pidieron los comentarios de PJV. Recientemente, Dr. John Konga, un funcionario del hospital Sopas Adventist en Wabag, en la provincia de Enga, examinó un muerto de
AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO Y A LA OPINIÓN PÚBLICA GENERAL
Por la presente, los y las abajo firmantes, ponemos de manifiesto nuestro total desacuerdo con la resolución tomada por el Consejo Superior de la UNCu en su reunión plenaria del 16 de diciembre, como resultado de la cual dicha universidad aceptó la utilización de fondos provenientes de la empresaYacimientos Mineros de Agua del Dionisio (YMAD)- Bajo la Alumbrera.
Esta decisión fue disimulada por la votación de un dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento, que evadía el debate sobre la cuestión de fondo, al sostener que “no es competencia de la Universidad aceptar o rechazar los fondos provenientes de las utilidades de YMAD ya que dependen de una ley nacional vigente”.
Como si este artilugio no fuera ya suficientemente elusivo, desde el Rectorado de la Universidad se ha desplazado el eje de la cuestión hacia las derivaciones conflictivas de la reunión, en lugar de atender al asunto de fondo, al tiempo que se han ocultado las condiciones en que se produjo esa votación, a saber, con la ausencia inexplicable de más de la mitad de los consejeros que habían comprometido un voto negativo a la propuesta del Rector, y con los votos a favor del decano y la consejera docente de una unidad académica cuyo consejo directivo se había expedido en contra de la aceptación de los fondos.
Quienes firmamos esta nota queremos manifestar que, al sumarse al grupo de universidades que han aceptado esos fondos, la UNCu se inscribe en el modelo de “clientelismo de empresa” practicado por la minera -tal como ha dice la resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba en que se rechaza esos fondos-; ofrece a los jóvenes un modelo de comportamiento completamente reñido con los valores de una ética democrática, republicana y humanista; desprestigia su papel como productora y difusora de conocimientos; da la espalda al clamor de diversos y crecientes sectores ciudadanos de Mendoza, que exigen debatir seriamente las condiciones y consecuencias socio-ambientales de la megaminería a cielo abierto y bajo control de grandes corporaciones transnacionales; y desconoce toda la investigación producida y reunida sobre el particular (por especialistas y por los mismos afectados), que demuestra los efectos negativos de corto, mediano y largo plazo de ese modelo de minería sobre el ambiente, la grave e irreversible destrucción de los ecosistemas, la contaminación de las fuentes de agua, la afectación de la flora, la fauna y el paisaje local, la degradación de las condiciones para la reproducción de la vida en general y para la salud de las poblaciones locales, así como el saqueo incontrolado de la riqueza de nuestro subsuelo.
Es muy lamentable que nuestra universidad -a diferencia de las de Córdoba, Río Cuarto y Luján y de más de veinte facultades de universidades nacionales en todo el país- haya decidido ignorar las advertencias de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y valeroso luchador por la dignidad humana, quien, en su carta del 10 de junio de 2009 al Presidente del CIN y a los Rectores de las Universidades Nacionales, sostiene: “les pedimos tengan presente que la explotación de Bajo la Alumbrera, desde hace más de 10 años ahora, viene provocando graves violaciones a los derechos humanos, no sólo al derecho a vivir en un ambiente sano, sino también al derecho a la salud, y a los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de millones de personas. Las universidades que Ustedes dirigen deben actuar en defensa del bien público y estar al servicio de los ciudadanos, y eso requiere una total independencia de los intereses privados. Las universidades deben abrir sus puertas al debate de tales temas de suma importancia, para definir el modelo de país que queremos”. Hacemos nuestras sus palabras.
En la sede gremial de la FADIUNC se puede acceder a material audiovisual para conocer más en detalle la actividad megaminera en nuestro país y sus trá
Sinopsis: Solanas recorre las principales provincias mineras (San Juan, Catamarca, Tucumán, Salta y La Rioja) para registrar lo que gigantes como la Barrick Gold son capaces de montar (léase represión y corrupción) con el objetivo de explotar sin controles políticos, ecológicos ni aduaneros el riquísimo suelo argentino (hoy por hoy, la sexta reserva minera del mundo valuada en más de 200.000 millones de dólares). La minería es un tema más áspero que los ferrocarriles, pero Pino lo convierte en un apasionante viaje que no sólo expone en toda su dimensión la impunidad con que explotan los yacimientos a cielo abierto y con el uso de cianuro las grandes multinacionales mineras que se llevan sin control y casi sin pagar regalías miles de millones de dólares por año, sino que también denuncia la progresiva contaminación de los suelos y exalta los movimientos sociales de protesta que surgieron en varias provincias contra semejantes abusos.
Sinopsis: Al cabo de diez años de la implantación de leyes favorables a la inversión minera y de ocho años de la instalación del mas grande emprendimiento minero del país, el documental emprende la tarea de evaluar las consecuencias actuales de la minería, los costos y beneficios provocados.
El documental contiene la voz de las comunidades cercanas
Se pueden solicitar en Sede Gremial de FADIUNC - Houssay 566 - 6ta Seccion de Ciudad – Horario de 8 a 18hs
Tel:(0261) 4299209 – fadiunc@yahoo.com.ar
Universidad de Río Cuarto: la primera en decir NO a los fondos de la megaminería
Universidad Nacional de Río Cuarto
Noticia en www.unrc.edu.ar
21 de ocutrbre de 2009
La casa de estudios local se convirtió en la primera universidad en decirle no a los fondos provenientes de la explotación minera en Catamarca
Fue 12 votos a 8. El tema dio vida a un rico debate, que se extendió durante dos horas y media. El decano de Ciencias Humanas, Enrique Grote, cuatro docentes, los cincos estudiantes, el graduado y el no docente ganaron la elección. En tanto que el rector Oscar Spada, los restantes cuatro decanos y tres docentes se inclinaron por la aceptación de ese dinero.
Tras un extenso debate, el Consejo Superior decidió, con 12 votos a favor y 8 en contra, rechazar los 1.237.786 pesos que le corresponden a
El no del cuerpo colegiado de
El reparto entre las universidades nacionales de 86 millones 800 mil de pesos provenientes de
Pasó, entonces, para su tratamiento a las comisiones de Interpretación y Reglamento, Investigación y Extensión y de Presupuesto y Obras Públicas del cuerpo colegiado, junto con un pedido del gremio docente para que se rechazaran esos fondos; y la resolución del Consejo Directivo de Ciencias Exactas por la que se propiciaba que se aceptara el dinero y se lo utilizara para investigar las consecuencias de las explotaciones.
Este martes el tema volvió al plenario con dos despachos: el de mayoría que propiciaba “incorporar al presupuesto del ejercicio 2009 la suma de 1.237.786 pesos en concepto de Distribución de Utilidades Ley Nº 14.771, con fuente de financiamiento 14 –Transferencias Internas”; y el de minoría, que por el contrario proponía: “Rechazar la incorporación al presupuesto de
La votación
Tras la lectura de varias resoluciones y documentos y la exposición de una quincena de consejeros, a los que se sumaron otras personas presentes en el recinto, llegó la votación, que a propuesta del consejero superior docente de Ciencias Humanas Pablo Wehbe fue nominal.
La docena de votos en contra de la aceptación de los fondos fueron de los cinco consejeros estudiantiles, entre ellos el actual presidente de
En tanto que por la admisión de esta regalía se manifestaron el presidente del Cuerpo, rector Oscar Spada; los decanos de Ciencias Económicas, Roberto Tafani; de Agronomía y Veterinaria, Roberto Rovere; de Ciencias Exactas, Gladys Mori; y de Ingeniería, Pedro Ducanto, a quienes se sumaron los docentes de Agronomía y Veterinaria, Guillermo Bernardes; de Ciencias Exactas, Adriana Torres, y de Ingeniería, Jorge Obregón.
Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio
La mina es explotada por una unión transitoria de empresas integrada por YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio) y Alumbrera Limited.
El yacimiento de oro y cobre Bajo
Ymad percibe el 20 por ciento de las utilidades de la explotación de la mina. El 60 por ciento de ese monto se dirige a Catamarca y la mitad del otro 40 por ciento va para
Minera Alumbrera Limited opera desde 1997. Consume 4 millones de litros de agua por hora, es decir más de 65.000 litros de agua por minuto. Según el Ente Nacional de Regulación de
En 1999 se detectaron drenajes ácidos mineros desde Alumbrera. No solo aumentan el contenido de sulfatos sino que solubilizan metales pesados y facilitan su dispersión aguas abajo.
La mina ha exportado su contaminación a Tucumán, donde llega el mineraloducto de 316 kilómetros de largo. Allí el concentrado de mineral es secado, y los líquidos residuales se vuelcan al canal DP2 que descarga sus aguas en el río Salí y por lo tanto en el Dique Frontal de Río Hondo en Santiago del Estero.
Los otros no al dinero de la minera que contamina el ambiente de tres provincias argentinas
En
Hasta ahora son 16 facultades y tres unidades académicas las que rechazaron el dinero de YMAD. Entre ellas: Trabajo Social; Ingeniería; Ciencias de
La postura que cosechó la mayoría de los votos en el Consejo Superior de
El despacho que ganó la votación indica: “
“De ninguna manera de callarse el reclamo de exigir al Estado que sostenga y mejores el financiamiento de la educación pública… frente al argumento que plantea la inexistencia de alternativas por estar frente al cumplimiento de una ley nacional con vigencia y validez, debe responderse que el artículo 18, inciso “C” de
“Corresponde al Estado constituir ese fondo nacional y controlar que quienes deben aportar lo hagan según bases financieras reales, de acuerdo con las leyes vigentes y, fundamentalmente, en base a una explotación sustentable y respetuosa del medio ambiente”.
“… no puede darnos lo mismo, ni ser igual recibir una partida presupuestaria por las vías normales y habituales, que la presente situación, que fue planteada como grave e irregular nada menos que por un Premio Nobel de
Posiciones
La votación produjo tras la lectura de la resolución del Consejo Directivo de Ciencias Humanas, el único de entre las cinco facultades de
Decana Gladys Mori: “La legislación está vigente y el rechazo es una violación a
Se sumó una exposición por escrito de la decana de
Mori dijo que la discusión de la aceptación o rechazo de los fondos “es una falsa disyuntiva que desvía la atención del problema de fondo que es la discusión de la política minera” y que el pago por parte de la empresa “no implica ni la compra, ni el quiebre de voluntades de las universidades”.
Decano Enrique Grote: “Es un fenómeno auspicioso, el de la fusión de las conciencias frente a una cuestión tan sensible”
Otra alocución fue la del decano de Ciencias Humanas, Enrique Grote, quien calificó como “un fenómeno auspicioso, el de la fusión de las conciencias frente a una cuestión tan sensible, como es la defensa de nuestra casa, de nuestro mundo natural y social, no solamente en lo que a recursos naturales de la minería se refiere, sino a todo aquello que atente contra la degradación de nuestro planeta” y remarcó que “El lobby minero le ganó al Congreso, al ser vetada la ley de protección de los glaciares, votada por casi la unanimidad del Congreso… y después al intentar ratificarla, no lograron reunir el 75% de los votos; y un documento del claustro estudiantil consensuado por distintas agrupaciones, el pasado viernes, en el congreso anual de
El Concejo Deliberante
A través de una resolución, el Concejo Deliberante local, expresó su “disconformidad con el origen de los fondos destinados a
El CIN
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el 14 de setiembre dispuso: “Vistas las diversas manifestaciones públicas a los fondos distribuidos en virtud de lo dispuesto por
Ciencias Humanas
El Consejo Directivo de Ciencias Humanas sostuvo que el tema “amerita consideraciones éticas, políticas, sociales y legales” y que “corresponde al Estado Nacional sostener la educación pública, que constituye un derecho”.
“El deber del Estado incluye destinar los recursos presupuestarios para la educación, generar los fondos necesarios y controlar el origen de los mismos. No es cuestión menor que se traslade a
“Como miembros de una comunidad dedicada al estudio de las Ciencias Sociales y Humanas, debemos alertar sobre el manejo de discursos que permiten recortar la realidad, cooptar voluntades y hacer que el discurso de la ‘responsabilidad empresarial’ encubra prácticas no aceptables. Así, el leguaje empresarial se apropia de conceptos de las ciencias humanas –cuando no, de los derechos humanos- desfigurando sus profundos significados para legitimar su accionar. En ese sentido, es deber de esas mismas ciencias desenmascarar ese discurso y encauzar acciones de educación crítica como forma de superación de un análisis ingenuo y cortoplacista, originado por discursos aviesos”.
Los estudiantes
En su documento elaborado en el Congreso General Ordinario,
“La sola mención de ese paradigma neoliberal de saqueo de los recursos naturales basta para negarnos al ingreso del dinero sucio ya
Y remarcaron: “La visión de la educación como un servicio y no como un derecho, la venta indiscriminada de servicios a bajo costo para oferentes privados, muchos de ellos transnacionales; la subcontratación de grupos de investigación universitarios, las investigaciones sin ningún fin social, los desprecios al grado, la transferencia de saberes estratégicos a las carreras de posgrado, el arancelamiento de estos, la cuatrimestralización de las materias y saberes, las acreditaciones y evaluaciones externas a las universidades con criterios dudosos, los magros sueldos docentes y no docentes, la desatención en las políticas de bienestar estudiantil, son hechos de nuestro cotidiano modelo de universidad”. “Este debate debe permitirnos reflexionar sobre qué universidad queremos y para qué tipo de sociedad”.
Las resoluciones del CIN
El 27 de mayo de 2008, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó: “Proponer la distribución de las utilidades líquidas y realizadas de los Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio correspondientes al año 2007, en el marco de
En este acuerdo plenario Nº 672, se detalla: que se asignarán 500 mil pesos al CIN “que se integrará con lo que le corresponde a la universidad que ocupa la presidencia del CIN, con cargo de transferencia” y que los restantes 49.500.000 pesos se distribuyen en un 75 por ciento en partes iguales entre las universidades, mientras que el restante 25 por ciento de acuerdo con el modelo de pautas objetivas de distribución presupuestaria, excluida
Y el 18 de mayo de este año, sobre los siguientes 36.800.000 pesos, acordó: “Proponer la distribución de las utilidades líquidas y realizadas de los Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio disponibles a la fecha del presente, aplicando igual criterio al establecido por el Ac. PI. Nº 672/08” y “sugerir a las instituciones universitarias favorecidas que asignen estos fondos a proyectos institucionales”.
Exactas proponía destinar los fondos de la minera para investigar las consecuencias de las explotaciones
Planteaba generar una comisión para estudiar multidisciplinariamente la actuación de
Según esta unidad académica, tal comisión debía estar integrada por juristas, ecólogos y geólogos locales y ambientalistas de reconocida trayectoria nacional, para realizar un diagnóstico exhaustivo, desde las consecuencias en el ambiente biótico y abiótico, sanitarias, económico financieras, como laborales y sociales, y proponer las acciones correctivas necesarias.
“Si bien existen serios cuestionamientos al modo de operar de la minera citada, el cual produciría irreparables daños ambientales, lesionando el patrimonio nacional y pondría en riesgo la salud de sus habitantes, las citadas transferencias monetarias son absolutamente legítimas ya que son legalmente obligatorias y son realizadas por YMAD que es una empresa del Estado”, se indicó.
Consideró que es necesario realizar los estudios e investigaciones que clarifiquen la situación y en base a ello elaborar y proponer las acciones tecnológicas, legales y políticas que eviten los efectos dañinos que se encontraren en la explotación realizada por
Rechazo a los fondos de
Para el rector Spada lo correcto es devolver el dinero a quien emitió el cheque
Tras la votación dividida por la que el Consejo Superior decidió rechazar la primera remesa de los fondos provenientes de
¿Qué evaluación hace de la votación?
Yo creo que más que la votación, hay que analizar la reunión del Consejo Superior. Creo que ha sido una muy buena reunión, independientemente de que a veces el resultado no es el que uno pretende. Pero, hay que reconocer que hemos logrado, de alguna manera, en forma conjunta el reconocimiento de la necesidad de trabajar
¿Qué va a pasar con los fondos? ¿A dónde van?
El mecanismo correcto, me parece, que es devolverlo a quien emitió el cheque, la mina
¿No van al sistema universitario?
Yo no lo puedo devolver al sistema. Lo que tengo que devolver a quien emitió el valor. Esta es una distribución que se hizo en el CIN.
¿Usted va a trasladar la postura de
No, no, porque hay puntos en común entre los despachos, como pedirle a Catamarca, como responsable, como provincia, cuáles son los hechos que se han dado, cómo es la explotación de esa minera. Hay muchas cosas en común, que se dieron el CIN, así que van a portar. La discusión de la incorporación o no es un tema que quedó en un segundo lugar. Y lo importante es sacar una conclusión como la que vamos a presentar.
¿Qué consecuencias puede tener que la decisión del Consejo Superior no se ajuste a
Para nosotros está terminado como Consejo Superior, queda
¿Lo va a comunicar a
No, no corresponde, ya fue una decisión. Sobre todo por los términos en los que se trabajó. Es una voluntad, un respeto. No corresponde hacerlo.
¿Esta decisión es válida para los restantes fondos provenientes de la minera?
No, porque específicamente estamos hablando de una incorporación al presupuesto de un millón 200 mil pesos, que es la primera distribución. Esta discusión la vamos a tener hasta tanto se cambie la ley. Vamos a tener que tener mucha más información ambas posturas, porque si se cumple que los responsables de Minería de
Desde
Al contrario. Creo que hay que abrirlo no sólo en las universidades, hay que abrirlo a la comunidad, porque este es un compromiso que hemos asumido no con
¿Le preocupa la contaminación que hay en la zona donde está esta minera
Por supuesto. Inclusive, yo agradezco que lo haya planteado el consejero –Pablo- Whebe, que no se trata de una discusión de quiénes son éticos y quiénes no son éticos. Sino, que en el fondo hay discusión, en términos generales, que es muy común, hay un gran punto de encuentro. Lo que estamos discutiendo es simplemente una parte presupuestaria. El presupuesto se decidió que no se incorpora, pero hay una necesidad de reconocer que lo más importante comienza ahora, porque no terminó con una decisión del Consejo Superior, ahora viene el hecho y espero que se sume mucha más gente de la que vino hoy acá.
¿Hay universidades que han tomado la decisión de incorporar los fondos sin dar el debate?
Hemos tomado como tradición de muy muchos años que la distribución del presupuesto pase por el Consejo Superior. Eso también muestra los fondos que ingresan. Se va discutiendo todo. Ahora sí se abre una puerta para analizar también qué se hace con los recursos propios y cuál va a ser la incorporación de los recursos propios dentro de
¿Qué apreciación le merece la participación del Concejo Deliberante en un tema como el tratado hoy?
Creo que abre una buena puerta a la discusión. Esto amerita que de acá para adelante también
¿Cree que es una intromisión del Concejo?
Eso lo tendrá que analizar el Concejo. Siempre hemos sido respetuosos y bienvenidos sean. Lo que nos parece es que al camino de vuelta hay que abrirlo también.
¿El fondo sojero se tiene que discutir igual en el Consejo?
Es un tema que lo tendrán que tener en cuenta, si mantienen una coherencia en el pensamiento.
Usted ha perdido una nueva votación en el Consejo Superior ¿Esto implica una debilidad política?
No. Yo creo que voy a perder muchas más. Me parece que sí. Lo importante es que uno se siente tranquilo cuando mete en la discusión temas que a veces no se animan a hacerlo. Y cuando uno se mete en estas cosas, corre el riesgo de ganar o perder. Lo importante es que la gente visualice que la única forma en la que vamos a crecer es animándonos a discutir todos los temas. La importancia de si se gana o se pierde es un tema relativo.
¿Lo frustró la votación?
No. No es un tema Presupuestario. Lo importante es sentarse a discutir. Esto implica que cuando un toma estas decisiones y se mete a discutir estos temas, está habilitado para discutir otros. Cuando uno discute otros temas espera que la otra parte no dispare, sino que se siente a discutirlo. Tenemos que discutir el estatuto, la carrera docente y no hay elementos para decir que no se puede hacer. No se puede esperar para cuando sean mejores tiempos. Hay que discutirlo ahora. A veces de las pérdidas también se recogen buenos frutos.
Resolución Facultad de Psicología UNC rechazando los fondos de la megaminería
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Facultad de Psicología
EXP-UNC:0019882/2009
VISTO
El informe presentado por el Dr. Prof. Raúl Montenegro, docente titular de la cátedra de Biología Evolutiva Humana de esta Facultad, en la que solicita que la Universidad Nacional de Córdoba rechace los fondos procedentes de los beneficios económicos de YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio) y que provienen del emprendimiento minero “Bajo La Alumbrera”, ubicado en la provincia de Catamarca; y
CONSIDERANDO
Que organizaciones no gubernamentales, como el SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia) a cargo del Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y distintos investigadores independientes han publicado y presentado documentos que respaldan las denuncias sobre sucesivas violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente efectuadas por distintas empresas mineras, pero por sobre todo por la Minera Alumbrera Ltd.
Que los fundamentos de esta RHCD han sido extractados de los documentos mencionados.
Que en virtud de la ley 14.771 el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) decidió, con Acuerdo Plenario 672 del 27 de mayo de 2008, la distribución de 50 millones de pesos provenientes del mismo emprendimiento minero.
Que nuevamente el Consejo Interuniversitario Nacional por el Acuerdo Plenario N° 699 del 18 de mayo de 2009 volvió a aceptar una nueva distribución de fondos del mismo origen y esta vez de 36,8 millones de pesos.
Que el yacimiento que hoy explota Minera Alumbrera Ltd. cuando fue descubierto en 1948, se registró a nombre de la Universidad de Tucumán. Luego la Provincia de Catamarca reivindicó su derecho a la propiedad del yacimiento por lo que se conformó YMAD, una empresa interestatal de derecho privado. Para explotar la mina en 1994, YMAD conformó con la empresa transnacional Minera Alumbrera Ltd. una unión transitoria de empresas (UTE), por la cual recibe el 20% de las ganancias de esta explotación. De este monto, según la ley 14.771, a la provincia de Catamarca le corresponde un 60%, a la Universidad de Tucumán un 20% y el 20% restante se dirige al CIN y las demás universidades nacionales.
Que la llegada de las empresas transnacionales y el comienzo de la gran minería en Argentina se hizo posible a partir de 1993, cuando fue sancionada la Ley 24.196 de Inversiones Mineras, que desreguló todo el sector minero y estableció una serie de beneficios para estas empresas, sin exigirles nada en contraparte. Esta ley fue modificada por las leyes 24.296, 25.161 y 25.429, que acentuaron el tratamiento preferencial a las mismas. Los gobiernos de De la Rúa, Duhalde y Kirchner siguieron el camino trazado por Menem en los años 1990.
Principalmente, la ley 24.196 de Inversiones Mineras establece una serie de incentivos fiscales a la exploración y explotación minera; las empresas pueden deducir el 100% de sus gastos de exploración del cálculo del impuesto a las ganancias; se les devuelve el IVA a la exploración, así como el IVA en importación o compra de bienes e inversiones de infraestructura; no pagan derechos de importación; no pagan el impuesto al cheque; pueden deducir el 100% del Impuesto a los combustibles líquidos. Además están autorizadas a no ingresar al país el 100% de las divisas obtenidas por sus exportaciones (decretos 417/03 y 753/04) y no pagan ninguna carga o impuesto para transferir capitales al exterior del país. La Ley establece asimismo que estos beneficios no les podrán ser retirados por un periodo de treinta años a partir de su instalación
Que en contraparte de todos esos beneficios, las empresas mineras tienen que pagar regalías a las provincias, pero la ley 24.196 fija como tope el 3% del valor del mineral extraído en boca de mina, que en ciertos casos ese monto termina siendo menor a todos los reintegros hechos a la empresas mineras. Así el Estado Nacional y las provincias pagan a las empresas mineras para que se lleven los recursos minerales afuera del país
Que cuanto al cuidado del medioambiente, la ley de 1993 obliga a las empresas mineras a realizar un aporte en tal sentido, pero no le fija ningún mínimo para este gasto.
Que además de una pérdida económica para el país, estas explotaciones también implican serias violaciones de los derechos humanos de miles de argentinos. La gran mayoría de las empresas mineras se instalan en las zonas pobres del país, y se aprovechan de la vulnerabilidad de las poblaciones locales. La llegada de un proyecto minero altera de manera profunda la vida de los pueblos aledaños: todas las áreas están afectadas, desde lo ambiental a lo económico, lo político, lo cultural.
Que la actividad minera provoca a su vez, contaminación del aire, del agua y de los suelos. Esta contaminación tiene graves consecuencias para la salud del ambiente, de las personas y de los animales que habitan los lugares cercanos al emprendimiento.
Que el recurso natural más afectado por la gran minería es el agua. Las actividades mineras implican un consumo desproporcionado de este bien público, reduciendo las napas freáticas locales: cada yacimiento necesita millones de litros de agua cada día, en zonas donde ya es un recurso escaso (la sola mina Bajo La Alumbrera consume 100 millones de litros por día). Tal extracción de agua pura y dulce del acuífero del Campo Arenal llevó a la reducción de caudales en ríos que se alimentan de ese acuífero. Además contaminan los estanques de agua, arroyos, ríos, lagos de la región, principalmente por falta de tratamiento de las aguas usadas y por los derrames tóxicos de minerales (se rompió en varias ocasiones el mineraloducto de dicha empresa).
Que los canales donde se vierten los afluentes de la planta de secado del yacimiento Bajo La Alumbrera, sirven como fuente de agua para animales, riego de hortalizas y eventualmente bebida de personas.
Que la explotación minera produce impactos sobre la salud humana, provocando una serie de enfermedades, algunas muy graves: problemas de crecimiento y de desarrollo del coeficiente mental, enfermedades de la piel, etc. La acumulación de metales pesados en la sangre y los pulmones es lenta, y sólo se detecta con análisis específicos, por lo que muchas personas se enteran de su presencia cuando el problema de salud es ya muy grave, también se conocen los efectos terribles sobre la salud que provocan la emisión de gases tóxicos a la atmósfera y la lluvia ácida. Algunas empresas mineras tienen una política de contratación del personal diversificada, para no aumentar las estadísticas de cáncer y enfermedades bronco-pulmonares
Que la Contaminación de los suelos por depósito de partículas sedimentadas producto de las lluvias, por el vertido directo de los productos líquidos de la actividad minera, o por la infiltración de productos de lixiviación del entorno minero, tiene un impacto fuertemente negativo sobre la vegetación y sobre la productividad de esos suelos. Se infiltran y contaminan la capa superficial del suelo y las napas de agua, se favorece la erosión y por lo tanto la desertificación, acelerando ese proceso ya problemático en zonas áridas, como es el caso de Catamarca.
Que durante el mes de abril de 2006, los pobladores del departamento de Santa María (Catamarca) denunciaron la muerte de cientos de animales de corral por enfermedades desconocidas. Esos animales son la única fuente de subsistencia de esos vecinos. Todos estos factores producen graves consecuencias sobre sus economías.
Que al impedir el desarrollo de las actividades económicas tradicionales, las empresas mineras como Minera Alumbrera Ltd. atentan también contra los derechos culturales de las poblaciones locales. La práctica de la ganadería o de otras actividades económicas es parte de la identidad de esos pobladores. En particular, es el caso de los pueblos originarios, cuya relación con el medio ambiente es un aspecto central de su cultura. La destrucción del medio ambiente, de la fauna y de la flora, causada por sus actividades es una amenaza directa a su identidad y a su cultura.
Que numerosas provincias se ven directa o indirectamente afectadas por Minera Alumbrera, como Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba ya que la mina tiene influencia sobre la cuenca de los sistemas Vis Vis-Amanao en Catamarca, y por trasvasamiento en la cuenca del sistema Salí-Dulce en Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba ((pues la cuenca del Salí Dulce desemboca en la laguna de Mar Chiquita).
Que las Universidades Nacionales deberían rechazar estos aportes porque condicionan la necesaria independencia de mismas cada vez que investigan y producen dictámenes técnicos, y porque la empresa que gerencia la mina, Alumbrera Copper, y las restantes poseedoras del paquete de acciones, Goldcorp Inc. y Yamana Gold, han sido acusadas en distintos países (incluido la República Argentina) por incumplir normas vigentes, violar derechos humanos, dañar el ambiente y comprometer la existencia y funcionamiento de cuencas hídricas vitales para ambientes semiáridos. La Universidad Nacional de Córdoba y en general las otras universidades públicas de la Nación no deberían recibir dinero de empresas cuyos directivos enfrentan causas penales y que ignoran además los derechos que tienen las futuras generaciones de argentinos.
Que si bien los aportes de YMAD están previstos por ley, su distribución y recepción presenta a la propia UTE (YMAD-Minera Alumbrera Limited) y a sus operadores Xstrata Copper, Goldcorp Inc. y Yamana Gold como corporaciones con alta responsabilidad social cuando en realidad están gravemente cuestionadas a nivel nacional e internacional.
Que consideramos sin embargo que tanto el CIN como las universidades beneficiadas con los fondos procedentes de YMAD (y sus operadoras mineras) deberían haber analizado previamente la bibliografía, las denuncias internacionales y la dramática situación social y ambiental generada por estas tres mineras en distintos países de América Latina y el mundo.
Que nuestra Universidad Nacional de Córdoba, una de las más antiguas de América Latina y cuna de la Reforma Universitaria, debió considerar que el dinero ingresado provenía de una mina que dirige Xstrata Copper y de la que participan Goldcorp Inc. y Yamana Gold, internacionalmente denunciadas por violaciones a los derechos humanos, contaminación, daños a la salud de personas expuestas a sus residuos, violaciones laborales y graves daños ambientales.
Que las universidades, sobre todo la universidad pública, tienen el deber de mantener una mirada crítica sobre toda actividad productiva y sus impactos sobre la población. Mantener esta distancia crítica implica que la universidad goce de una total independencia para desarrollar sus investigaciones. El hecho de que la producción de saberes técnicos dependa, entre otros, de fondos originados en una actividad tan cuestionada como la que desarrolla Minera Alumbrera Ltd. le resta confiabilidad.
Que las necesidades financieras de las universidades nacionales no logran cubrirse con las partidas presupuestarias asignadas por el Congreso de la Nación.
Que esto no habilita para aceptar estos fondos, que provienen de una actividad destructiva y contaminante, que genera cada día más violaciones a los derechos humanos de las poblaciones aledañas al mega-emprendimiento.
Por ello, en la sesión del día de la fecha, sobre tablas y por unanimidad
EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA
RESUELVE
Artículo 1º: Rechazar los fondos procedentes de la distribución de beneficios de YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio) acordados en el Consejo Interuniversitario Nacional (Acuerdo Plenario N° 699 del 18 de mayo de 2009) y proponer al H. Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba que adopte la misma posición.
Artículo 2º: Proponer al H. Consejo Superior la creación de una Comisión en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba, con representantes de distintas facultades, incluida la Facultad de Psicología, para que clarifique y luego informe si se aceptó un aporte similar del YMAD en el año 2008 (Acuerdo Plenario del CIN 672/2008) y el destino de esos fondos.
Artículo 3º: En el caso de que el H. Consejo Superior comparta los argumentos y lo resolutivo de la presente resolución, difunda su posición al resto del Sistema Universitario Nacional.
Artículo 4º: Comunicar la presente al resto de los H. Consejos Directivos y a todos los Consejos Consultivos de Escuelas de la Universidad Nacional de Córdoba
Artículo 5º: Elévese al H. Consejo Superior para su consideración.
Artículo 6º: Protocolícese, dese amplia difusión, comuníquese y archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE.
RESOLUCION Nº 166 /09