Docentes universitarios repudiaron el accionar pro-minero del Consejo Directivo de la UNCu
En una decisión que traerá cola por tiempo, el Consejo Superior de la UNCu aceptó los fondos provenientes de la empresa Yacimientos Mineros de Agua del Dionisio (YMAD)- Bajo la Alumbrera. Docentes de la universidad denunciaron públicamente a las autoridades universitarias y repudiaron la decisión tomada y la judicialización de la protesta.
22-Feb-2010 | Luego de un año de tensiones, el pasado 16 de diciembre, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo, encabezado por el rector Arturo Somoza, aprobó por 17 contra 11 votos, la recepción de los fondos mineros derivados por el Consejo Interuniversitario Nacional, que destinará a la construcción de un complejo cultural, pese a las serias objeciones de especialistas medioambientales sobre las consecuencias de las actividades megamineras de donde se derivan estos fondos.
Días más tarde, mientras las asambleas por el agua mendocinas se movilizaban en la capital de Mendoza en defensa de la ley provincial 7722 que prohíbe la megaminería contaminante, el Consejo Superior volvió a reunirse y aprobó el inicio de acciones legales contra quienes protestaron durante el encuentro del 16 de diciembre.
Frente a esta situación y al ocultamiento del tema operado en los medios masivos de comunicación locales y nacionales, desde el gremio de docentes universitarios de Cuyo (DADIUNC), encabezado por la Secretaria Pro Gremial, Nora Moyano, y la Secretaria General, Cristina Romagnoli, denunciaron la decisión de la dirección de la Universidad, porque “fue disimulada por la votación de un dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento, que evadía el debate sobre la cuestión de fondo, al sostener que ‘no es competencia de la Universidad acepta o rechazar los fondos provenientes de las utilidades de YMAD ya que dependen de una ley nacional vigente’”.
Según denunciaron, se ocultó además que la votación se produjo “con la ausencia inexplicable de más de la mitad de los consejeros que habían comprometido un voto negativo a la propuesta del Rector, y con los votos a favor del decano y la consejera docente de una unidad académica cuyo consejo directivo se había expedido en contra de la aceptación de los fondos.”
Los denunciantes aseguraron que así, la UNCu se sumó al pelotón de universidades inscritas en el “modelo de clientelismo de empresa practicado por la minera”, ofreciendo a los jóvenes “un modelo de comportamiento completamente reñido con los valores de una ética democrática, republicana y humanista”.
Según el comunicado, la UNCu “desprestigia su papel como productora y difusora de conocimientos; da la espalda al clamor de diversos y crecientes sectores ciudadanos de Mendoza que exigen debatir seriamente las condiciones y consecuencias socio-ambientales de la megaminería a cielo abierto y bajo control de grandes corporaciones transnacionales; y desconoce toda la investigación producida y reunida sobre el particular que demuestra los efectos negativos de corto, mediano y largo plazo de ese modelo de minería sobre el ambiente, así como el saqueo incontrolado de la riqueza de nuestro subsuelo”, aseveraron.
En contraposición, los docentes destacaron la “rebelión ética” de las universidades de Córdoba, Río Cuarto y Luján y de más de veinte facultades de universidades nacionales en todo el país que rechazaron los fondos mineros.
Días más tarde, mientras las asambleas por el agua mendocinas se movilizaban en la capital de Mendoza en defensa de la ley provincial 7722 que prohíbe la megaminería contaminante, el Consejo Superior volvió a reunirse y aprobó el inicio de acciones legales contra quienes protestaron durante el encuentro del 16 de diciembre.
Frente a esta situación y al ocultamiento del tema operado en los medios masivos de comunicación locales y nacionales, desde el gremio de docentes universitarios de Cuyo (DADIUNC), encabezado por la Secretaria Pro Gremial, Nora Moyano, y la Secretaria General, Cristina Romagnoli, denunciaron la decisión de la dirección de la Universidad, porque “fue disimulada por la votación de un dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento, que evadía el debate sobre la cuestión de fondo, al sostener que ‘no es competencia de la Universidad acepta o rechazar los fondos provenientes de las utilidades de YMAD ya que dependen de una ley nacional vigente’”.
Según denunciaron, se ocultó además que la votación se produjo “con la ausencia inexplicable de más de la mitad de los consejeros que habían comprometido un voto negativo a la propuesta del Rector, y con los votos a favor del decano y la consejera docente de una unidad académica cuyo consejo directivo se había expedido en contra de la aceptación de los fondos.”
Los denunciantes aseguraron que así, la UNCu se sumó al pelotón de universidades inscritas en el “modelo de clientelismo de empresa practicado por la minera”, ofreciendo a los jóvenes “un modelo de comportamiento completamente reñido con los valores de una ética democrática, republicana y humanista”.
Según el comunicado, la UNCu “desprestigia su papel como productora y difusora de conocimientos; da la espalda al clamor de diversos y crecientes sectores ciudadanos de Mendoza que exigen debatir seriamente las condiciones y consecuencias socio-ambientales de la megaminería a cielo abierto y bajo control de grandes corporaciones transnacionales; y desconoce toda la investigación producida y reunida sobre el particular que demuestra los efectos negativos de corto, mediano y largo plazo de ese modelo de minería sobre el ambiente, así como el saqueo incontrolado de la riqueza de nuestro subsuelo”, aseveraron.
En contraposición, los docentes destacaron la “rebelión ética” de las universidades de Córdoba, Río Cuarto y Luján y de más de veinte facultades de universidades nacionales en todo el país que rechazaron los fondos mineros.
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